Ciberpolitica

10 Marzo 2008

Mouriño y la corrupción de la clase política en México

Juan Camilo Mouriño El caso del secretario Mouriño es paradigmático de la impunidad de que disfruta y promueve la clase política, que se vería comprometida de investigarse a fondo este asunto. Obviamente los políticos, sin importar a que partido pertenecen, no actúan contra sus intereses.

“El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados prepara una serie de denuncias penales contra el secretario de Gobernación, por ‘tráfico de influencias’ y ‘daño patrimonial’, que habrá de interponer ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.” PRD busca renunciar a Mouriño, El Economista, 3/03/08

Es patente que con la firma de contratos con Pemex el Secretario de Gobernación se violó el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, el cual establece que un funcionario tiene que excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios.

De igual manera, se transgredió el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones del Sector Público, el cual ordena que las dependencias públicas deben abstenerse de celebrar contratos con cualquier persona que desempeñe un cargo o comisión en el servicio público, lo mismo que con las sociedades de las cuales dichas personas formen parte.

La explicación del funcionario relativa a que “jamás” ha participado en la toma de decisión de Pemex porque nunca estuvo en comité alguno de adquisición, precios o consejo de administración de la paraestatal o alguna de sus filiales, es un insulto a la inteligencia de los los mexicanos, pues desde el puesto que ocupaba podía influir en las instancias mencionadas sin ensuciarse las manos estampando su firma. Lo mismo puede decirse de que en aquel entonces se estaba desligando de su responsabilidad como apoderado legal de la empresa de la familia. Ese trámite se hace de un día para otro y la empresa puede nombrar a otro representante en el mismo lapso.

No obstante las pruebas abrumadoras de culpabilidad, y de la insistencia de los medios, los investigadores del tema y algunos partidos, el PRI y el PAN siguen defendiendo a Mouriño y evitando que se le procese.

Y para evitar mayor desdoro del Secretario, proponen que se le investigue por tráfico de influencias, un delito prácticamente imposible de probar, como ha quedado claro en las investigaciones anteriores que no llegaron a nada.

No. Se violaron disposiciones que nada tienen que ver con el tráfico de influencias. El problema, para los políticos por supuesto, es que muchísimos de ellos han transgredido las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. De hecho, quienes trabajan en la administración pública saben que la manera más fácil y provechosa de sacar partido de sus puestos es asignando contratos a empresas o personas con quienes guardan vínculos familiares o de sociedead.

Investigar a Mouriño es abrir las puertas a que se investigue a todos los políticos. Obviamente no van a actuar contra sus intereses. Sólo contra los de los ciudadanos.

Sobre este tema:
No he hecho nada indebido: Mouriño, El Universal, 7/03/08.
Presumen que Mouriño violó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, El Universal, 9/03/08
Entre la complicidad y la desaprensión, La Crónica, 8/03/08.